Propuesta ómnibus: ¿qué normas y qué cambios?

La propuesta ómnibus propone cambios en diferentes normas de sostenibilidad, establecidas en la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Empresarial (CSRD), la Directiva sobre Diligencia Debida en materia de Sostenibilidad Empresarial (CS3D) y la Taxonomía de la UE.

Aunque estas normas se han adoptado recientemente, la Comisión Europea ya quiere modificarlas para reducir las cargas administrativas. Aunque aplaudimos los esfuerzos de racionalización, nos preocupaba mucho que la propuesta acabara rebajando el nivel de responsabilidad de las empresas. En muchos sentidos, eso es exactamente lo que ha ocurrido. Se han introducido bastantes cambios, pero nos centramos en los tres más preocupantes:

• Ámbito de aplicación muy reducido: alrededor del 80 % de las empresas quedan fuera del ámbito de aplicación de la nueva CSRD. El ámbito de aplicación original afectaba a las grandes empresas con al menos 250 empleados, un balance de más de 25 millones de euros o un volumen de negocios neto superior a 50 millones de euros. En esta propuesta, las normas sólo se aplicarán a las grandes empresas con más de 1.000 empleados.
• Responsabilidad de la cadena de valor más pequeña: las empresas eran responsables de los daños causados en toda su cadena de valor en la CS3D. Esto se ha modificado, de modo que las empresas sólo son responsables de sus socios contractuales directos, con una obligación limitada de investigar los daños causados por empresas situadas más arriba o más abajo en la cadena de valor.
• Ausencia de responsabilidad civil explícita: en un principio, las Directrices prescribían que las empresas eran responsables cuando no evitaban o mitigaban los efectos adversos que provocaban daños sociales o medioambientales. Ahora esto se deja en manos de las legislaciones nacionales, lo que significa que la responsabilidad de las empresas y la aplicación de las normas variarán de un Estado miembro a otro.

La combinación de este y otros cambios, como la reducción de la obligación de poner fin a las relaciones con empresas que violen los derechos humanos, disminuirá en gran medida el impacto de estas leyes que son esenciales para regular el comportamiento de las empresas y proteger a las personas y al planeta.

Qué significaría esto para las finanzas sostenibles

En resumen: lo que se presentó como un esfuerzo de simplificación es en realidad un gran ejercicio de desregulación. Esto es perjudicial, ya que existe una necesidad urgente de rendición de cuentas, pues las empresas no cambiarán voluntariamente su comportamiento perjudicial. Y aunque quisieran, la sostenibilidad exige igualdad de condiciones para que las empresas que buscan la sostenibilidad a largo plazo no se vean superadas en precio por las que buscan el beneficio a corto plazo a cualquier precio.

Otra razón por la que esto es perjudicial es porque la Comisión envía un mensaje totalmente equivocado y crea inseguridad jurídica. Al eliminar requisitos, castiga a las empresas que han invertido en prepararse para cumplir las normas. En última instancia, esto sólo costará más a la sociedad. Muchas empresas que estaban preparadas para informar y tomar medidas sobre los daños sociales y medioambientales en sus cadenas de suministro ya no tendrán que hacerlo. Colectivamente, nos hemos pronunciado a favor del marco de sostenibilidad.

¿Y ahora qué?

Aún quedan acciones por emprender. Este es el comienzo de un proceso más largo en el que el Parlamento Europeo, los Estados miembros y la Comisión negociarán sobre los textos (el llamado «procedimiento de codecisión»). Como Triodos Bank, utilizaremos nuestra posición para abogar por el restablecimiento de la ambición en la legislación sobre sostenibilidad. Buscaremos mayorías a favor de la responsabilidad corporativa y la decencia común.