Pero, como dijo Joe Biden en el foro, “hay que ir más allá del titular… gran parte de este problema es causado por los inmensos recursos que se fugan hacia paraísos fiscales”.

Este año, el 1% más rico tiene ya más que el 99%, concluye el nuevo informe de Oxfam. Esta súper concentración de riqueza en cada vez menos manos se está produciendo en paralelo a un mayor uso de los paraísos fiscales. Desde el año 2001, la inversión hacia paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro, creciendo casi el doble de rápido que la economía mundial. La crisis consiguió frenar apenas temporalmente este desarrollo exponencial.

En el imaginario colectivo, los paraísos fiscales son islas de ensueño con yates de lujo fondeados en playas increíbles, o pequeños países europeos entre montañas. Y lo son. Pero también son mucho más que eso. Paraísos fiscales, centros offshore, jurisdicciones no cooperativas… muchos nombres posibles, lo que genera cierta confusión. El problema es que no existe una definición universalmente reconocida de lo que es un paraíso fiscal, por lo que conviven cientos de listas, casi tantas como países o instituciones internacionales.

Incluso España ha llegado a estar en alguna de estas listas, como la de Brasil, por las ETVE (empresas de tenencia de valores extranjeros, una figura asimilable a los holdings holandeses) que se convierten prácticamente en un paréntesis desfiscalizado para la inversión extranjera.

La falta de voluntad política a la hora de impulsar un estándar internacional que caracterice los paraísos fiscales ha generado una descoordinación institucional tan grande que resta fuerza a las posibles medidas sancionadoras y hace casi ineficiente la lucha contra esto que muchos llaman las cloacas del sistema financiero internacional.

¿Qué es un paraíso fiscal?

Los paraísos fiscales no se caracterizan sólo por su baja o nula tributación, sino que intencionadamente adoptan un marco legal con características que en la práctica generan una competencia desleal entre países. Para organizaciones como Oxfam, esto supone reunir algunas de estas características:

• Baja o nula tributación.
• Ventajas fiscales a no residentes, sean personas o sociedades, sin exigirles que lleven a cabo una actividad económica sustancial.
• Falta de colaboración con otros países para el intercambio de información con motivos fiscales.
• Opacidad sobre la propiedad de activos financieros o de las estructuras legales que allí se establecen.

La mitad del comercio mundial transita por un paraíso fiscal. Es una práctica ya casi generalizada para la gran mayoría de grandes empresas. La investigación de Oxfam detectaba que 188 de las 200 empresas más grandes del mundo, incluso aquellas que han estado apoyando el Foro Económico Mundial en Davos, tienen presencia en paraísos fiscales. Como decía el presidente del Banco Mundial, Jim Yon Kim, ya no se está produciendo esa economía de goteo sino que la riqueza es “aspirada” hacia arriba, hacia los que más tienen. Los paraísos fiscales son un claro exponente, y un amplificador de esta economía “al servicio del 1%”.

Cifras que generan desigualdad

Pero ¿cuál es la magnitud de este problema? ¿Cuánto dinero se desvía hacia paraísos fiscales? Es difícil saberlo, porque justamente la opacidad que ofrecen estos territorios complica enormemente tratar de recabar esta información. Así, algunos expertos como Gabriel Zucman estiman que el 80% de los activos individuales en paraísos fiscales son recursos ocultos, que se esconden intencionadamente a las agencias tributarias de los distintos Estados, por lo que la riqueza individual oculta en paraísos fiscales podría suponer alrededor del 8% del patrimonio individual mundial, unos 7,6 billones de dólares. Esta cifra equivale a los PIB de Alemania y Reino Unido juntos y podría suponer una pérdida de ingresos fiscales de 190.000 millones de dólares en conjunto.

Sin embargo, no estamos hablando de que únicamente muchas de las grandes fortunas particulares tratan de esconderse en paraísos fiscales, sino que grandes compañías utilizan empresas pantalla en paraísos fiscales para desviar artificialmente beneficios y eludir el pago de impuestos.

El 42% de la facturación neta de las empresas norteamericanas proviene de paraísos fiscales, cuando al no tener una actividad productiva ni comercial real en estos territorios, no aportan ni el 15% del valor total de la compañía. Lo que se está produciendo es un desajuste entre donde las empresas declaran su actividad económica y donde declaran sus beneficios, que es donde pagan impuestos y la recaudación sobre los beneficios empresariales se convierte así en una pura quimera: la quimera de los beneficios.

En una reciente publicación, Oxfam mostraba cómo en 2012 las empresas multinacionales estadounidenses llegaron a trasladar artificialmente entre 500 y 700 millones de dólares de beneficios artificialmente hacia paraísos fiscales. Por ejemplo, declararon 80.000 millones de dólares de beneficios en las islas Bermudas, una cifra superior a los beneficios declarados en China, Japón, Alemania y Francia conjuntamente.

Lamentablemente, nuestro país no es una excepción en todo este entramado. En plena crisis aún, comprobamos que en 2014 la inversión española hacia paraísos fiscales creció un 2.000%, sobre todo hacia las islas Caimán donde la inversión ya equivale a 64 veces la que se destinó a Alemania.  ¿Qué hay en las islas Caimán que la hace tanto más atractiva para la inversión que la economía más potente de Europa?

Tampoco las grandes empresas españolas se quedan atrás. En 2014 pudimos comprobar que todas menos una de las empresas que componen el Ibex35 mantienen presencia en paraísos fiscales, creciendo el número de filiales en estos territorios en un 44% respecto al año anterior.

Pero este no es un juego de suma cero. El incremento sin control en el uso de los paraísos fiscales acelera la desigualdad económica y plantea el riesgo de generar sociedades más inestables: debilita y empobrece al Estado, incrementa el esfuerzo fiscal que deben soportar los ciudadanos y las pymes, y rompe la confianza de la ciudadanía en el Estado. Con los paraísos fiscales perdemos todos, todos los que no los utilizamos, claro está. El uso (y abuso) de paraísos fiscales para minimizar el pago de impuestos, ya sea por grandes fortunas o grandes empresas, torpedea gravemente la capacidad con que cuentan nuestras sociedades para corregir las desigualdades. Rompen con la progresividad del diseño tributario, restan recursos vitales a las arcas públicas y  generan competencia desleal.

Soluciones: transparencia y responsabilidad

Sin embargo, no es un mal inevitable. Con voluntad política, es posible poner coto a estas prácticas desleales. Existen bastantes medidas que se pueden acometer para frenar estos abusos. Entre ellas, podemos proponer las siguientes:

1. Coordinación entre países y organismos internacionales para fijar unos criterios exigentes para considerar un territorio como paraíso fiscal y que se elabore un listado de territorios en base a esos criterios.
2. Acabar con el secretismo y la opacidad. Para ello, se puede exigir la implantación de registros públicos que desvelen los propietarios últimos de empresas, fundaciones y otro tipo de sociedades. Además, la implantación de mecanismos de intercambio automático de información de carácter fiscal entre jurisdicciones permitiría sacar a la luz una gran parte de prácticas de elusión fiscal.
3. Exigir a las empresas que presenten públicamente cada año un informe país por país de su actividad, incluyendo datos de facturación, beneficios, impuestos pagados y empleados con un detalle de todas las filiales que mantienen en cada uno de los países donde están presentes.

Sin esperar a este gran consenso internacional, cada administración pública, comenzando por los municipios hasta alcanzar el gobierno central, puede optar por impulsar un modelo de compra pública responsable. ¿Por qué con fondos públicos se firman contratos con empresas que no defienden un modelo de responsabilidad fiscal y operan ampliamente a través de paraísos fiscales?

La iniciativa “Territorios Libres de Paraísos Fiscales” que Oxfam impulsa junto con otras organizaciones, plantea que la administración contrate preferentemente con aquellas empresas que no mantengan filiales en estos territorios.

Pero sin lugar a dudas, la lucha contra los paraísos fiscales requiere un plan de choque en España. Desde Oxfam defendemos que el nuevo Parlamento y el futuro Gobierno deben impulsar urgentemente una ley contra la evasión y elusión fiscal. La ciudadanía, con su firma puede ayudarnos a hacer realidad este objetivo. Es el momento de hacer historia, de decir noalescaqueo.org.

MIGUEL ALBA

Miguel Alba es licenciado en CC. Empresariales y Máster en Microcréditos para el Desarrollo por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con una amplia experiencia en el sector financiero. Desde hace años, colabora en iniciativas de finanzas éticas y de banca ética ciudadana. Actualmente es responsable de Fiscalidad y Sector Privado en Oxfam Intermón, desde donde trabajan por conseguir una justicia fiscal que ayude a reducir la desigualdad tanto en países desarrollados como en desarrollo.

Imagen superior: Oxfam, campaña Iguales